Lo que me llama la atención en el programa de PIÑERA

ESTAS SON LAS PROMESAS MEDIBLES Y NOTAS CURIOSAS QUE PUDE ENCONTRAR EN EL PROGRAMA DEL CANDIDATO EN CUESTIÓN. LO DESTACABLE O LO MALO DEPENDE DEL LECTOR

Se introducirá flexibilidad para que las madres puedan administrar de acuerdo a su mejor conveniencia el beneficio pre y post natal, previa autorización del médico. En relación al post natal, se extenderá hasta seis meses el período del beneficio. Lo anterior se acompañará con un cambio en la cobertura de la licencia por enfermedad del niño. Esta modalidad se ofrecería como opcional al actual régimen de post natal.

Se entregará el «Bono de Garantía Auge», que permita a los usuarios escoger con mayor libertad el hospital público o privado de su preferencia, cuando no se cumplan los plazos garantizados por el Auge; una subvención de educación preescolar en función de requisitos como asistencia; se otorgará de un «Bono de Capacitación» y de un «Bono de Asistencia Judicial», éste último concebido para que personas pobres puedan pagar un abogado cuando las Corporaciones Judiciales que existen para tal efecto no los atiendan adecuadamente.

Mejoraremos el sistema de becas aumentando su equidad horizontal y vertical, terminando con la discriminación en el financiamiento según la naturaleza jurídica de la institución de educación superior elegida por el alumno.

Impulsar una alianza entre el Sistema Público y Privado creando el «Bono de Garantía Auge», que asegure a las personas más vulnerables una atención oportuna en instituciones de salud, tanto públicas como privadas de su elección.

Programa Chile Acoge, destinado a prevenir la violencia doméstica mediante la enseñanza de buenos tratos a los niños y niñas desde la primera infancia. Este programa también atenderá a las víctimas de estos abusos y apoyará la recuperación de las familias que han pasado por una experiencia de este tipo.

Las mujeres trabajadoras podrán acceder a un post natal de hasta 6 meses para dar el cuidado que los hijos recién nacidos necesitan y merecen.

Para apoyar a las mujeres más jóvenes promoveremos programas de educación sexual con contenidos claros, que ayuden a prevenir los embarazos adolescentes no deseados y fomenten la paternidad y maternidad responsable, respetando siempre el derecho a la vida y el de los padres de educar a sus hijos.

Se promoverán los Empleos a Tiempo Parcial, con contrato simplificado, para adultos mayores que hayan jubilado y que quieran seguir trabajando en trabajos por horas o en media jornada.

El próximo Gobierno se propone avanzar en la adecuación de nuestras instituciones jurídicas y procedimientos a las exigencias que los Derechos Humanos imponen a los países integrados al sistema internacional de protección.

ENAP seguirá siendo una empresa del Estado, pero con opciones para captar recursos del sector privado, que permitan su modernización y desarrollo.

Empresas del estado deben regirse por las normas de las sociedades anónimas abiertas; y la responsabilidad de su administración recaer en su directorio, el que tendrá dentro de sus funciones la designación del gerente general.

Transformaremos el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en un holding autónomo, creado con el objeto único de exigir el máximo aporte a las empresas controladas por el Estado. Este holding será integrado por un directorio profesional de excelencia y que represente a todos los sectores del país, con experiencia en administración y gestión de empresas.

Se extenderá la industria de las concesiones a otros sectores, como la construcción y operación de hospitales y establecimientos educacionales, además del transporte público, parques, plazas, centros de turismo, de deportes, de cultura y recreación, entre otros. Lo anterior tiene por objetivo proyectar las concesiones a elementos propios del ámbito urbano.

Durante los últimos años el gasto del Gobierno Central ha experimentado un fuerte crecimiento de aproximadamente 12 mil millones de dólares, lo cual representa un aumento promedio de 9,7% real anual, lo que en definitiva no es sustentable en el tiempo.

Crearemos el Ministerio de Desarrollo Social que será el responsable de coordinar todos los programas orientados a erradicar la pobreza y a dar igualdad de oportunidades a la clase media.

Reestructuraremos el Ministerio Secretaría General de Gobierno y fortaleceremos el rol coordinador del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Se nombrarán ministros coordinadores que tendrán la responsabilidad de abordar las prioridades del Gobierno en forma integrada.

Crearemos la Agencia de Auditoría Interna que dependerá del Presidente de la República y tendrá la tarea de controlar la gestión interna y la evaluación del correcto funcionamiento de los ministerios y sus servicios.

Se creará la Agencia Autónoma de Calidad de las Políticas Públicas, que cumplirá la tarea de evaluar en forma ex post las políticas y programas desarrollados por las instituciones estatales. Esta agencia no solo evaluará, sino que también deberá proponer reformas para mejorar la calidad de estos programas.

Promoveremos la excelencia de todos los funcionarios y para ello se creará una Academia para capacitar en forma continua a los servidores públicos de todos los niveles.

Potenciar la Contraloría General de la República para que ésta cumpla de la mejor forma su rol de velar por la legalidad de los actos de la administración, supervisar el buen uso de los recursos públicos y asegurar la probidad en el servicio público.



Para ello nuestro programa macro económico contempla aumentar la inversión en aproximadamente 5 puntos porcentuales del PIB, desde el 23% del PIB en el presente año a 28% el 2014.

Eliminaremos las trabas burocráticas que hoy dificultan la creación de empresas y promoveremos la competencia, incentivando la innovación, el emprendimiento, la creatividad y la eficiencia.

Mantendremos en 0,6% la tasa de Impuesto de Timbres y Estampillas.

Extenderemos en plenitud este mecanismo para empresas que vendan hasta 25.000 UF al año y de manera gradual para aquellas que vendan hasta 100.000 UF al año. Además, se introducirá hasta el año 2012 un sistema de depreciación acelerada que estimule la inversión en todas las esferas productivas del país.

Proponemos que en el período 2010-2014 la productividad total de factores pase desde el -0,5% actual, hasta un nivel de 1,5% .

Ampliar el acceso de personas y empresas a los servicios financieros. Para ello se aumentará la protección del consumidor financiero, perfeccionando la entrega de información, dictando normas que mejoren los contratos financieros y realizando estudios que reduzcan las asimetrías de información.

Se creará el SERNAC financiero. También se facilitará la emisión de bonos, fondos mutuos y fondos de emisión, a través de regímenes de autorización automática de contratos estandarizados.

Eliminaremos los impuestos a la exportación de servicios financieros, estableceremos los incentivos para que las garantías puedan ser transferibles entre las distintas instituciones financieras y permitiremos que entidades financieras extranjeras puedan ofrecer directamente servicios, con la regulación adecuada.

Crear 100 mil nuevos emprendimientos y que logremos tener una tasa neta de creación de empresas mayor al 3% anual al final del próximo período de Gobierno.

Crearemos la Oficina Nacional de la Innovación y el Emprendimiento que, utilizando mecanismos como la ventanilla única, la simplificación de procedimiento y la utilización de internet, reducirá de 27 a 12 el número de días y de 9 a 3 los trámites necesarios para crear una empresa. Esto nos situaría al nivel de los países desarrollados.

Modificaremos la Ley de Quiebras para simplificar el proceso y evitar que éste sea un mecanismo que debilite el espíritu emprendedor.

Se realizará una reingeniería de los más de 100 programas de fomento y acceso al crédito que hoy existen en instituciones del Estado, priorizando los programas de la CORFO y el rol del Banco Estado en relación a las PYMES.

Asimismo, se perfeccionarán las regulaciones de las superintendencias para facilitar su financiamiento, se revisará la normativa de las tasas de interés máximas convencionales, y se promoverá el factoring y los warrants.

El tercer eje consiste en reducir la carga tributaria de las PYMES. Entre otros, esta reforma reducirá el Impuesto de Timbres y Estampillas a 0,6%, dejándolo en ese nivel en forma permanente y permitirá, al ampliar la normativa del artículo 14 bis de la Ley de la Renta, que más de 600.000 empresas pequeñas y medianas no paguen impuestos cuando reinvierten sus utilidades.

Vamos a aumentar el nivel de inversión en I+D desde los niveles actuales de 0,7% del PIB a 1,2% del PIB a fines del Gobierno y sentar las bases para que pueda duplicarse nuevamente en los siguientes 8 años, alcanzando el 2,4% del PIB Chile tiene hoy un déficit de pavimentación urbana que alcanza a 4.600 km. de vías. La inversión requerida para revertir este déficit es de US$1.058 millones

Institucionalizaremos la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, con oficinas regionales, que será un organismo autónomo del Estado relacionado con la Presidencia de República a través del MOP. Ello significará una real representación de las regiones y un organismo único para la toma de decisiones, evitándose así, la burocracia y la superposición de roles.

En el sector rural se requerirá llegar con agua potable a lugares alejados, lo que demandará una inversión de US$200 millones en el período.

Se creará una Superintendencia de Telecomunicaciones, que se hará cargo de la fiscalización del sector y, conjuntamente se establecerá una Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la que cumplirá el rol normativo, relacionándose con el Presidente
de la República a través del actual Ministerio de Economía. A fin de resolver los conflictos que se presenten en el sector se creará un Panel de Expertos.

La política energética se basa en el rol normativo del Estado, cumplido a través del nuevo Ministerio de Energía. Esta institución define políticas y evalúa su cumplimiento, siendo el sector privado el oferente de los servicios energéticos.
A fin de lograr una mayor independencia energética se va a profundizar la participación de inversionistas privados en actividades de exploración y explotación de combustibles fósiles.

El compromiso de nuestro Gobierno es que Chile se transforme en uno de los 10 países líderes en exportación de alimentos.

La meta del Programa de Gobierno es hacer realidad el enorme potencial turístico que el país posee a lo largo y ancho de su territorio insular, continental y antártico. Para ello queremos que al término del período los ingresos derivados del turismo receptivo hayan crecido en un 80%, los del turismo emisivo en un 30% y en un 70% los ingresos del turismo interno.

Primero, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que funcionará en La Moneda bajo la directa supervisión del Presidente de la República, quien será el principal responsable de nuestro compromiso de superación de la pobreza. El nuevo ministerio que dará a cargo del «componente social» del actual MIDEPLAN: caracterización socioeconómica de la población (CASEN, FPS, SIIS) y coordinación de los fondos y servicios relacionados con los grupos más vulnerables de la población. En este rol, el ministerio ampliará y perfeccionará el programa Puente y los programas Chile Solidario y Chile Crece Contigo.


Aprobaremos el proyecto que establece el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, que entregará claramente la responsabilidad gubernamental en el ámbito de la seguridad al Ministerio del Interior. Asimismo, la dependencia de la Policía de Carabineros e Investigaciones pasará a este ministerio.

Crearemos el cargo de Jefe Comunal de Seguridad, que estará a cargo de los programas comunales de seguridad, y que deberá tener perfil técnico y ser elegido a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Reformularemos íntegramente el SENAME, que no ha cumplido con su labor adecuadamente, creando el Servicio Nacional de la Infancia dependiente del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, separando las funciones que actualmente éste realiza. La adopción y protección de menores corresponderán al nuevo Servicio Nacional de la Infancia, y lo referido a responsabilidad penal juvenil será traspasado a un departamento especializado dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación del nuevo Ministerio del Interior.

Mejoraremos la educación pública municipal. Proponemos la creación de Corporaciones de Educación de Calidad (CEC) a nivel comunal, las que tendrán como finalidad única el mejoramiento de la calidad de la educación en la respectiva comuna. El directorio de la Corporación será presidido por el Alcalde, siendo éste la autoridad máxima y por lo tanto el responsable de los respectivos resultados. Esta Corporación otorgará el sustento administrativo y coordinará la gestión técnica pedagógica. El director ejecutivo de la corporación será seleccionado por méritos con criterios similares a los que utiliza el Sistema de Alta Dirección Pública. Estas corporaciones podrán asociarse con las de otras comunas para aprovechar economías de escala, lo cual es particularmente importante en el caso de las comunas pequeñas. En el caso de comunas grandes, podrá haber más de una corporación.

Realizar una mejora sustancial de la infraestructura. Para ello se iniciará la construcción de 10 hospitales y 76 consultorios, utilizando el sistema de concesiones.

La nueva política de vivienda entregará 600.000 soluciones habitacionales, aumentando su tamaño, calidad y focalización. La política de vivienda también apoyará la ampliación o reparación de viviendas de 150.000 familias que viven en casas obsoletas,
muy pequeñas o de bajo estándar de calidad.

Se simplificará los sistemas de subsidio y se adecuarán sus montos a los valores reales de construcción. Las familias más vulnerables podrán optar a un subsidio para adquirir viviendas sin deudas de hasta 700 UF, y aquellas familias de sectores bajos y medios con acceso a crédito, podrán optar a un subsidio decreciente para viviendas con un valor entre 700UF y 2.000UF.

Trabajando en conjunto con los municipios y la comunidad se crearán 200 plazas en todo Chile, activando y asegurando espacios públicos de calidad.

El Fondo de Desarrollo Indígena se abrirá a reforzar proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; se potenciará el apoyo para el desarrollo agrícola productivo y se priorizarán programas educacionales en todos los niveles educativos y de capacitación.

Se desarrollará un programa especial en el sur del país, denominado Plan Araucanía, que instalará una Mesa de Diálogo y un Proyecto de Desarrollo para las comunidades, con recursos para realizar una transformación económica y social profunda, basada en el enorme potencial agrícola, ecoturístico y cultural de las comunidades mapuches.

Se creará una potente plataforma de atención, la Oficina de Asuntos Indígenas (OAI), en aquellas comunas que superen un cierto umbral de asignación de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena. En las comunas con presencia indígena relevante, esta nueva plataforma absorberá diversas demandas, en una modalidad de ventanilla única, ya sean sociales, económicas o culturales, de manera de informar y acercar mediante una nueva gestión, la política indígena a quienes realmente debe llegar.

Crearemos la Subsecretaria de Comercio Internacional en reemplazo de la Dirección General de Relaciones Económicas, DIRECON, considerando mayores espacios para el aporte del Servicio Exterior y las competencias específicas de su personal en este ámbito.

Planteamos establecer como delitos del fuero militar en tiempo de paz aquellos que exclusivamente afecten un bien jurídico propiamente militar y siempre que sean cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, excluyendo como regla general la competencia sobre civiles.

Se creará un Ministerio Público Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, encargado de investigar los delitos del fuero militar y ejercer la acción penal, de la que conocerán los tribunales civiles de la Reforma Procesal Penal. Este organismo estará integrado por abogados militares y civiles especializados.

Modernizaremos el Gobierno Corporativo de las principales empresas estatales de la Defensa (FAMAE, ASMAR y ENAER), velando por la designación de directores con experiencia empresarial, incluyendo civiles con los resguardos necesarios en materias de seguridad. Estas designaciones deberán destacar por la excelencia de los nominados. También todas las consideraciones no económicas en el actuar de la empresa deberán ser claras, explícitas

Se avanzará en transformar a los municipios en los grandes gestores y administradores de los programas sociales del Estado.

Traspasaremos directamente los fondos sectoriales a los municipios, con reglas de inversión general y de acuerdo a lineamientos que fije el Gobierno Central. Este traspaso de recursos irá acompañado de un mecanismo de rendición de cuentas desde los municipios al nivel central y a la ciudadanía. Así los resultados de la aplicación de los programas sociales serán evaluados tanto por el nivel central como por el local.
Se establecerá un procedimiento para transferir directamente a los municipios los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que hoy se destinan a obras de impacto local, así como también los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

Programa «Adulto Mayor al Cuidado», consistente en una subvención para la atención de adultos mayores con discapacidades que queden solos durante el día, cuando sus familiares se ausentan para trabajar, de tal forma que puedan ser atendidos en centros de cuidado diurno o por guardadoras certificadas.

Fomentaremos los hábitos deportivos, incrementando las horas efectivas de práctica en relación al ciclo de vida, con especial énfasis en la etapa preescolar (30’ mínimos) y escolar (de 1 a 4 horas semanales, en un lapso de 4 años).

Se diseñará e implementará un Plan Maestro de Ciclovías y Ciclobandas para las principales ciudades del país, lo que permitirá duplicar el número de usuarios de bicicleta en los próximos 4 años y la construcción de guarderías para bicicletas en todas las estaciones de transporte público; en edificios públicos, barrios universitarios, escuelas y liceos.

Implementaremos el Tribunal Ambiental, con competencias y facultades para conocer los conflictos, resolverlos adecuada y oportunamente.
Promoveremos la inscripción automática y el voto voluntario, lo que permitirá que cuatro millones de chilenos, la gran mayoría jóvenes, se incorporen activamente a nuestra democracia.

Perfeccionar el Seguro de Cesantía, para que un mayor número de trabajadores pueda acceder a él, y con mayores beneficios. Simultáneamente, se dará la oportunidad a los trabajadores para sustituir una parte de las indemnizaciones que actualmente pueden recibi